María José Asensio, directora general de Industria, Energía y Minas, responsable de las decisiones de la adjudicación de la mina de Aznalcóllar según la juez del caso, fue imputada y declaró por un delito de prevaricación en septiembre de 2013 en el caso de otra mina andaluza polémica: Matsa, donde trabajaba como apoderada Paula Chaves Iborra, la hija del expresidente Manuel Chaves. Esta mina fue objeto de una intensa polémica por los 10,1 millones que el Gobierno de Chaves concedió a Matsa.
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