El Ejecutivo autonómico aspira que el texto garantice los derechos reconocidos en el artículo 156 de la Constitución y en el 51 del Estatuto de Autonomía. "La ley obliga a la Asamblea de Madrid y a los órganos superiores de Gobierno y Administración autonómica a reaccionar con todos los mecanismos legislativos a su alcance ante cualquier ley, disposición normativa o acto del Estado con fuerza de ley que infrinja la corresponsabilidad fiscal y autonomía fiscal y autonomía financiera de la región", añaden.
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