Los Gobiernos municipales que tienen intereses contrarios a la recuperación de la memoria histórica utilizan sus recursos burocráticos para entorpecer el trabajo de las asociaciones, que hasta ahora han llevado el peso de la apertura de fosas, utilizando el pago de tasas, la demora en los permisos o, como en Villadangos, el traslado de la decisión al concejo vecinal
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