La futura nueva ley de residuos y suelos contaminados que prepara el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que se encuentra en tramitación parlamentaria, obligará a los ayuntamientos a retirar el amianto de mayor riesgo antes del año 2028. Además, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la norma, tendrán que elaborar un censo de los emplazamientos y las infraestructuras que cuenten con este material cancerígeno y un calendario que planifique su retirada.
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