El Consistorio invoca los derechos de la laguna y reclama multar a Expracar con 888.000 euros por los rechazos de una desaladora ilegal. Le acusa de un presunto delito contra el medio ambiente por realizar «vertidos del rechazo de salmuera, con alto contenido de nitratos, producido en las plantas desaladoras clandestinas», y causar con ello un «peligro» de «desequilibrio del ecosistema».
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