La ley obliga a las plataformas de redes sociales a tomar “medidas razonables” para impedir que cualquier persona menor de 16 años tenga una cuenta. Las empresas podrían ser multadas con hasta 49,5 millones de dólares australianos (unos 32 millones de dólares) por fallos “sistemáticos” en la aplicación de los requisitos de edad.
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