En España, a cualquier persona que haya cometido un delito siempre se le va a aplicar la ley penal más favorable que esté vigente en ese momento, la que más le beneficie. Es algo que se recoge en la Constitución y que también se establece en el artículo 2 del Código Penal. Esto quiere decir que, aunque una persona haya cometido un delito hace 10 años y esté en la cárcel desde entonces, si la ley por la que fue juzgada cambia — y ese cambio le beneficia y está vigente — se le va a tener que aplicar la nueva obligatoriamente si lo pide.
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