Tras el convenio firmado entre la Comunidad de Madrid y Cruz Roja, por el que la ONG adquiere la exclusividad de la captación de donaciones de sangre a través de unidades móviles en la vía pública, el debate en torno a la gestión sanitaria madrileña pública o privada se ha intensificado. Mientras la Comunidad de Madrid continúa dando pasos privatizadores, un sector de la ciudadanía madrileña reclama que lo público debe seguir haciéndose cargo del derecho social a la sanidad.
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