La Audiencia Nacional ha condenado al Estado al pago de una indemnización de 3.000 euros a una mujer de Córdoba que fue detenida por la Policía y que denunció lesiones causadas por los agentes a raíz de una decisión del Comité contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas (ONU) que apreció indicios razonables de trato cruel, inhumano y degradante.
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