El Arzobispado, aprovechándose de las modificaciones inconstitucionales bendecidas en 1998 por el gobierno del PP presidido por José María Aznar, inscribió a su nombre la Catedral en el Registro de la Propiedad en 2007. Y además, con anterioridad se había apropiado del jardín anexo a la plaza de la Universidad, que permanece ilegalmente vallado y cerrado.
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