El expresident y la exconsellera Rigau pidieron que los ordenadores utilizados en la consulta y aún en poder de Enseñanza se depositaran en el Tribunal de Cuentas a cambio de su fianzaMas argumentó en su petición que, si les acaban condenando por la compra de los ordenadores, la Generalitat incurriría en un "enriquecimiento injusto"La exconsellera Clara Ponsatí se mostró reacia y encargó un informe sobre esta opción; la Generalitat acabó no pagando
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