El juez califica de "llamativo" que el Ministerio Público considere constitutivo de delitos de rebelión o sedición cualquier acto de apoyo a esa decisión del Parlamento autonómico, pero no denuncie a los propios diputados que la aprobaron, a la presidenta de la Cámara, a los miembros de la Mesa o a su secretario general; ni tampoco a las organizaciones de la sociedad civil que la impulsaron y que promovieron "activamente" la campaña municipal de mociones de apoyo.
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