Para el tribunal, las críticas vertidas por la concejal del equipo de gobierno municipal de Ada Colau se sitúan en un contexto de "formar una opinión pública sobre el problema (de la gentrificación) en el que deben insertarse las palabras de la representante pública y que coadyuvan a un buen entendimiento y solución de los problemas sociales en una sociedad democrática".
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