Pere Aragonès pagó en secreto al fondo Fortress, considerado un fondo buitre, la suma de 365,6 millones de euros de dinero público de la Generalitat en cumplimiento de una petición de ejecución provisional de sentencia por el litigio contra la administración catalana derivado de la fallida privatización en 2014 de la empresa pública de gestión de agua en alta Aigües del Ter Llobregat (ATLL), que fue vendida a Acciona.
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