La lucha contra la corrupción apenas genera encarcelamientos en Aragón, donde las condenas de prisión que los delincuentes deben cumplir entre rejas son más excepción que norma: sólo dos de los 34 condenados por delitos de corrupción en la última década –sin incluir prevaricaciones- han pasado por la cárcel tras conocer la sentencia –otros tres lo habían hecho de manera preventiva-, mientras el número de imputados y de acusados pendientes de juicio, y también el de casos abiertos, rebasa la treintena.
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