Antifraude lleva a la Fiscalía a los 2 últimos alcaldes de Benidorm por no clausurar un restaurante ilegal en una isla protegida. Antifraude aprecia delito en los dos cargos públicos por no haber aplicado la ley: "Hay un aparente incumplimiento reiterado de lo que exige la ley mediante una ignorancia deliberada" y "un desvío del interés general". El negocio es una máquina de hacer dinero y el Ayuntamiento dejó de cobrarle en 2013 una tasa que Antifraude considera ilegal: "El Ayuntamiento ha hecho dejación de funciones durante años".
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