Antifraude inició una investigación hace aproximadamente dos años tras recibir un escrito que alertaba de posibles infracciones de la normativa sobre contratación administrativa. Ahora, en su informe final, destaca que no se ha podido fundamentar la existencia de fraude o corrupción, pero sí "déficits" en el adecuado cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo.
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