Durante 17 meses de investigación secreta, en la que ni juez ni acusaciones populares podían participar, la Fiscalía Anticorrupción intentó delimitar el caso mascarillas dejando fuera al Ayuntamiento de Madrid. Con la presentación de su querella el pasado 1 de abril y su admisión a trámite acabó el proceso prejudicial y comenzó la verdadera causa, pero la intensa instrucción del magistrado Adolfo Carretero en estas seis semanas no ha movido un ápice a Anticorrupción de las conclusiones que sacó en marzo de 2021.
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