En la pieza separada por las tarjetas opacas, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu le fijó una fianza de tres millones de euros por su responsabilidad en el uso fraudulento de tarjetas por directivos y consejeros de la entidad bancaria mientras él la presidía. Ahora varias acusaciones, algunas de ellas en representación de preferentistas (entre ellas UPyD), han solicitado al magistrado que fije una fianza a aquellos que considera responsables del perjuicio generado por las preferentes.
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