Andalucía se dota así de una Ley de Memoria propia, que supera en muchos aspectos a la legislación estatal aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, pues considera que los delitos del franquismo son “imprescriptibles” y perseguibles por la justicia universal como “crímenes contra la Humanidad”. Partido Popular y Ciudadanos se han abstenido.
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