El Consejo de Gobierno del pasado 21 de febrero autorizó un gasto de 119,9 millones de euros para concertar operaciones quirúrgicas con la sanidad privada durante seis meses, de abril a final de año. El objetivo era derivar a 91.248 pacientes en ese lapso de tiempo, alegando que los recursos de la pública eran “insuficientes”.
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