Vitaldent, propiedad de un fondo de capital riesgo (también llamados fondos buitre), había encargado a un grupo de expertos un informe independiente para estimar el coste de la ampliación de la cobertura dental en España. La propuesta de la empresa caía como un jarro de agua fría en el Consejo General de Dentistas, que mantiene una cruzada para que se modifique la Ley de Sociedades Profesionales y se prohíba así que fondos de capital riesgo controlen las clínicas dentales.
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