Primero fue la Policía Nacional, después los diplomáticos y ahora son los funcionarios de Turespaña, la empresa pública que se dedica a la promoción turística del país en el extranjero, los que se han propuesto impugnar su nuevo reglamento profesional. Ha sido Acestur (Asociación de Administradores Civiles del Estado Especializados en Turismo) la que ha dado un paso adelante y ha llevado el texto legal al Supremo, que ha admitido a trámite la demanda y se prevé que emita sentencia antes del verano.
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