El alquiler turístico en pisos sigue a la orden del día en Palma pese al veto que rige desde 2017, cuando el Ayuntamiento ordenó una moratoria en todo el municipio temiendo conflictos entre visitantes y vecinos. Esta restricción se ha traducido en una actividad relativamente modesta para un municipio del tamaño y la población de Palma: 632 viviendas turísticas. Pero también ha desencadenado la aparición de una oferta ilegal que se ha multiplicado en temporada alta.
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