Según ha conseguido documentar por primera vez AI, las personas están siendo transferidas por las autoridades libias a “agujeros negros” no oficiales de detención dirigidos por milicias donde desaparecen sin dejar rastro. Un delito que prueba la connivencia entre la Administración y los traficantes de personas. “Los que hacen negocio con los migrantes no están siendo perseguidos a pesar de que se conocen su nombre y apellidos”, denuncia Serrano.
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