El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y Renfe no podrán contar por ahora con los ingresos que les iba a reportar la operación Chamartín, pese a que los contratos firmados en su día con DUCH, la promotora del proyecto, obligaban a las partes a realizar la operación de compraventa de los terrenos que actualmente ocupan las empresas públicas en la llamada prolongación de la Castellana, una transacción valorada en 984 millones de euros.
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