La rebelión ha sido la coartada que ha permitido a la Fiscalía General del Estado, con el concurso en un primer momento de la Audiencia Nacional y después del Tribunal Supremo, esquivar al "juez ordinario predeterminado por la ley", que no podía ser otro que los órganos del poder judicial radicados en Catalunya y justificar en la gravedad del delito la adopción de las más onerosas medidas cautelares previstas en el ordenamiento jurídico.
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