Entre la competitividad y la calidad de vida, la mayoría de las ciudades españolas han optado por la primera, explicitando el acuerdo de base existente entre el poder político y el económico. Para ello, los gobiernos municipales irán adaptando la ordenación y la fiscalidad para eliminar los obstáculos a los intereses de las grandes inmobiliarias y contratistas de obra pública.
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