El sistema normativo regulará el fondo dotado de 3.000 millones que creó el Gobierno para paliar los problemas de la pandemia en empresas y autónomos. Las firmas que se encuentren en dificultades —y que los bancos crean que tienen viabilidad futura— podrán prorrogar los vencimientos de los préstamos con garantía pública; convertir los préstamos avalados en préstamos participativos (que tienen un tratamiento similar al capital) o negociar una quita para reducir la financiación avalada como medida de último recurso.
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