Serán juzgados el próximo 25 de octubre en el Juzgado de lo Penal número 3 de Santander y el Ministerio Fiscal les pide más de 35.000 euros en multas e indemnizaciones, además de un año de cárcel para uno de ellos, por una movilización en defensa de la educación pública y contra el entonces presidente autonómico, Ignacio Diego (PP), realizada hace tres años y medio.
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