“No se destinan anualmente los recursos necesarios para atender puntualmente las prestaciones de dependencia ni se utilizan los instrumentos presupuestarios que permitieran subsanar el déficit, lo que sería fundamental para atender las necesidades de un colectivo especialmente vulnerable”. Así de contundente es la conclusión de la Cámara de Cuentas de Madrid, que ha fiscalizado la aplicación de la Ley de Dependencia en la región madrileña desde 2011 a 2015.Los datos son demoledores. El informe recoge los expedientes relativos a solicitantes..
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