Los firmantes han apuntado que la entrada en vigor de la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual –impulsada por el Ministerio de Igualdad– ha derivado en una reforma del Código Penal que resulta “más favorable al reo”, por lo que en los casos hasta ahora revisados han tenido que rebajar las condenas impuestas ya por sentencia.
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