La causa ha saltado de una instancia judicial a otra con el mismo resultado: la Justicia no ha conseguido en 25 años dar una respuesta satisfactoria (ni insatisfactoria) a la reclamación de la Junta de Andalucía contra la empresa Boliden Apirsa, a la que reclama cerca de 90 millones de euros por los daños y costes causados por el vertido de 5 millones de metros cúbicos de lodos tóxicos procedentes de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), en la que está considerada la segunda mayor catástrofe medioambiental en España después del Prestige.
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