Más Madrid denuncia que el Gobierno regional “quita dinero a los museos que albergan lo mejor de nuestro patrimonio para dárselo a un espectáculo de sufrimiento animal”

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un informe al titular del juzgado 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, en el que le pide que eleve exposición razonada al Supremo para que investigue al eurodiputado Alvise Pérez por delito de financiación ilegal de partidos políticos. El fiscal considera que existen indicios sólidos y apuntalados contra el agitador, después de las pruebas aportadas al procedimiento por el empresario de criptomonedas, Álvaro Romillo, quien depositó conversaciones de WhatsApp, Signal y audios que apuntan a que...

Habréis oído a Almeida presumir de las rebajas fiscales en Madrid. 1.027 millones de euros desde 2020 que "nos hemos ahorrado" ¿Sabes cómo lo han financiado? Con nuevos préstamos por 1.717 millones que pagarás tú. Y con intereses. Aquí os dejo el timo de la estampita del PP

Alberto González Amador pagó al menos 6.512,4 euros (más IVA) por el renting de un BMW X3 en 12 facturas abonadas durante todo 2021 en las que figura el nombre de la esposa de Fernando Camino, el primer ejecutivo de Quirón Prevención, principal cliente de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El nombre de la farmacéutica es León Gloria Carrasco, consta en esas 12 facturas, incluidas en la documentación contable de las empresas de González Amador remitida al juzgado que investiga a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Los hechos por los que se presenta la querella ya fueron investigados por la Fiscalía del Supremo, quién archivó entonces las diligencias al entender que el rey emérito había regularizado su situación tributaria mediante el pago de 678.000 euros en diciembre de 2020 y de 4.395.000 euros en febrero de 2021, antes de conocer que existía una investigación contra él por fraude fiscal. Los querellantes consideran que la excusa absolutoria utilizada por el antiguo monarca ―la regularización― no cumplió los requisitos legales para su aplicación.

Como contó este periódico, el equipo de Emergencias de Mazón, en concreto el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, mandó a la unidad de bomberos forestales de la Generalitat de Buñol a medir la escala del barranco de Poyo el día 29 de octubre a las 13 horas a la altura de Chiva. Pero solo estuvieron dos horas midiendo. A las 15 horas, según ha podido saber elDiario.es de fuentes de bomberos forestales, el equipo fue enviado a la base. Esos profesionales, que si se hubieran quedado midiendo hasta las 17:30 horas...

En este vídeo, abordamos el controvertido "Caso Niñera", una historia de persecución política, mediática y judicial que marcó un antes y un después para Teresa Arévalo y su entorno. A través de los testimonios de Arévalo y otras figuras clave, exploramos cómo surgió la acusación en 2021, cuando se alegó falsamente que Arévalo, entonces directora adjunta del gabinete de la ministra Irene Montero, utilizaba fondos públicos para cuidar a los hijos de la ministra.

Sobre los contratos de emergencia presuntamente irregulares adjudicados durante la pandemia valorados en 243 millones de euros

Ocho municipios de l’Horta Sud, algunos gravemente afectados por las inundaciones de los barrancos de la Saleta y del Poyo del pasado 29 de octubre, litigaron en 2017 con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para que rebajara las exigencias en materia de gestión de riesgo de inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales. Las ocho poblaciones que presentaron el contencioso a la CHJ fueron Albal, Aldaia, Alfafar, Manises, Massanassa, Picanya, Quart de Poblet y Xirivella.

La Conselleria de Medio Ambiente respondió el pasado mes de julio dando el visto bueno al acondicionamiento del barranco de la Saleta que cruza Aldaia, integrado en el proyecto de la cuenca del Poyo, lo que desmonta el argumento del PP relativo a la supuesta paralización del plan por parte del Gobierno. La realidad es que ni el proyecto está paralizado por el Gobierno ni la ejecución del proyecto hubiera evitado la catástrofe, si bien sí que hubiera atenuado en parte los daños materiales.

Sucedió en el Parlamento de Galicia, durante la comisión que investiga las posibles irregularidades en los contratos entre la Xunta y familiares de altos cargos del Gobierno gallego. Mientras comparecía el responsable de compras del Servicio Galego de Saúde (Sergas), Alberto Baz, el diputado del BNG Oscar Insua desplegó un rollo de papel con la lista de los contratos firmados entre los años 2018 y 2023 por la administración autonómica con la empresa Eulen, donde es responsable para la zona noroeste la hermana del presidente del PP.

"En fin, queremos desmentir esto para que ustedes sepan cuando nos vena, que están en el lugar adecuado, nosotros no desinformamos. Nosotros no tenemos mala praxis y nosotros podemos avalar lo que hicimos con imágenes y con nuestro rostro delante de la televisión que actuamos bien. Nosotros sí", concluía Silvia Intxaurrondo.

Varios fiscales comentan en sus chats que el abogado de González Amador confesó los delitos y no hubo oferta de pacto alguno. Las comunicaciones también demuestran que la cúpula de la Fiscalía no conocía los detalles del caso ni del posible acuerdo que, según Miguel Ángel Rodríguez empujó a publicar a varios medios, se había frenado "por órdenes de arriba".

La actuación del juez Juan Carlos Peinado al frente de la causa contra Begoña Gómez ha dejado un nuevo episodio que eleva la polémica por su cuestionado modo de instruir. Peinado ha imputado a Juan José Güemes, presidente del Centro de Estudios del Instituto de Empresa, porque su testimonio sobre la contratación de Gómez supuestamente se contradecía con el que había prestado antes en el juzgado la jefa de Recursos Humanos.

“Se obvia el deber de socorro”. “Queda muy claro que, debido a los protocolos de la Comunidad de Madrid, a mi juicio ilícitos por ser discriminatorios (…) No hay más que ver su contenido”, emplaza, asegurando que los denominados como protocolos de la vergüenza son “contrarios al deber objetivo de cuidado” y con ellos se “infringe la autonomía del paciente” al no respetarse su derecho a ser trasladado a un hospital: “Se trataba de una sintomatología que requería asistencia médica por ser claramente de gravedad, tal y como indica la historia...

El president justificó en el parlamento valenciano que, cuando intentó llegar al Cecopi del día 29, encontró “densidad de tráfico” producida por el “mal tiempo” en la carretera, lo cual “alargó el trayecto”. Los datos de la DGT y de su propia Conselleria muestran que no hubo ninguna incidencia en esa carretera que lleva desde su despacho a L'Eliana. Ni siquiera llovía.

El actual Consell prevé dejar sin efecto el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) aprobado por el Gobierno del Botánico en 2018, que protege 7.500 hectáreas, de las que 1.100 están en zonas inundables y son urbanizables

El juez Eloy Velasco ataca a la exministra de Igualdad por la ‘ley de solo sí es sí’: "Nos intentaron explicar qué es consentir. A un jurista, que llevamos desde el derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento y mil cosas más que nunca aprenderá Irene montero desde su cajero de Mercadona”

Nadie se salva ya de las denuncias/chapuza de manos limpias, elaboradas en un cuarto de hora de corta y pega, plagadas de errores jurídicos y basadas en simples recortes de prensa con falsos titulares sensacionalistas convenientemente corregidos, subsanados y perfeccionados por jueces de la cuerda falangista.

El profesor de Deontología de ICADE, Rafael del Rosal, arremete contra el portavoz de VOX en las Cortes: Lástima Juan que seas escoria con tantas oportunidades. Mi vergüenza y la vergüenza de ICADE, es haber tenido alumnos como tu. Combatí a Franco y con la Reforma Política pensamos que habíamos acabado con gente como tú. Nos engañaron. Tendremos que seguir luchando."

El Gobierno laborista empieza a retomar el control de las rutas operadas por empresas privadas, que ya están muy subvencionadas y tienen monopolios en una red cara y plagada de retrasos, cancelaciones y fallos de infraestructura. Del presupuesto público, cerca de 180 millones de euros van cada año a las operadoras privadas para compensar su gestión. Desde la privatización de mediados de los 90, el Estado ha gastado más de 180.000 millones de euros en subvenciones para compañías privadas, es decir, la mitad del gasto público en transporte.

El problema es que la suma de ignorantes científicos y de fanáticos anticiencia conforma una sólida mayoría de analfabetos que, desgraciadamente cuando llega la hora de votar, terminan eligiendo como gobernantes que tomarán las riendas del poder y de los destinos de la nación a completos demagogos, que por ser tan analfabetos científicos como sus iletrados votantes toman las peores decisiones posibles y terminan exterminando incluso a esos votantes que les auparon al poder.