Más de la mitad de los directivos a los que la CNMC ha sancionado personalmente por participar en cárteles continúan vinculados a sus empresas. La ley permite imponer sanciones de hasta 60.000 euros desde 2007, pero la primera no llegó hasta 2016. La mayor hasta ahora, de 36.000 euros, corresponde a un directivo de Prosegur que ha abandonado recientemente sus cargos en la multinacional
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