El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por fin ha dado su brazo a torcer en el pulso que mantiene con los ayuntamientos: a última hora del lunes se comprometió a que los corporaciones locales puedan usar el superávit de 2017, el de este año y el de 2019 para nuevas inversiones, algo que hasta ahora prohibía la llamada Ley Montoro (Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local) que impone un tope de déficit público, otro de deuda y, por último y lo más importante, una regla que establece un techo de gasto.
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