La Generalitat Valenciana contrató en 2008 y 2009 aviones obsoletos y con un historial de accidentes mortales para combatir los incendios forestales. Y lo hizo después de que la empresa Avialsa, ganadora del contrato por más de cinco millones de euros, sobornara presuntamente al conseller de Gobernación Serafín Castellano para modificar el pliego de condiciones.
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