El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado la razón al Ayuntamiento de la capital frente al de Alcorcón avalando las medidas del protocolo anticontaminación aprobado en la Junta de Gobierno del 21 de enero de 2016 porque no entorpece la libre circulación constitucional sino que "limita el uso de vehículos a motor con la finalidad de preservar el medio ambiente y la salud de las personas".
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