El TSJ de Madrid ha avalado la resolución de la Delegación del Gobierno en Madrid de expulsar del territorio español a una persona que acumula un relevante historial delictivo por representar un peligro para el orden y la seguridad pública, pese a tratarse de un ciudadano perteneciente a un país de la Unión Europea. La sentencia se fundamenta en "una conducta contraria al orden público y a la seguridad pública que constituyen una amenaza real, crecientemente grave, que afecta a la convivencia social”.
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