Las declaraciones son una bomba: de facto, el gobierno está entrando en un resbaladizo terreno que mira con suspicacia a la separación de poderes. Durante décadas, el poder político se había limitado a "acatar y respetar" las resoluciones judiciales. Tras las durísimas críticas de la oposición al voto particular de González, muy polémico y controvertido, el ministro ha decidido reaccionar del modo más brutal posible: impugnando la vida privada del propio juez.
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