El Partido Popular y Ciudadanos no consiguieron frenar la proposición no de ley impulsada por los sindicatos para fijar una renta mínima de 426 euros para más de 2,4 millones de personas sin recursos. Y hoy sigue su andadura en el Congreso. Si finalmente sale adelante, puede suponer un coste anual de unos 15.000 millones, según dijo esta misma semana el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
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