El Gobierno de Pedro Sánchez tendrá que apartar unos 200 millones de euros de la partida presupuestaria de las pensiones para atender la delicada situación financiera de las mutuas de accidentes de trabajo al igual que se vio obligada a hacer la ministra Fátima Báñez en los últimos años por culpa de la descontrolada crecida del gasto asociado a la cobertura de las bajas por enfermedades no laborales de los trabajadores.
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