Uno de los apartados del decreto de Milei pretende limitar el derecho de huelga, el derecho de reunión y el derecho de negociación colectiva. Alteraría la situación financiera de los sindicatos, la asistencia sanitaria de los trabajadores y derechos básicos como la baja por maternidad. Todo ello se presenta como una forma de racionalizar el mercado laboral, para mejorar el dinamismo económico y el crecimiento. También se ve como una forma de desmantelar la ideología de derechos y protecciones contra la que arremeten Milei y sus aliados.
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