El president comparecerá ante el TSJCat acusado de un delito de desobediencia, por obviar las advertencias de la JEC para que retirara los lazos amarillos de distintas sedes de la Generalitat. La Fiscalía pide para él un año y 8 meses de inhabilitación. Su defensa reclama su absolución, y niega que la "máxima autoridad de una comunidad autónoma le deba obediencia a un órgano administrativo que tiene rango inferior, como es la JEC".
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