El 33% de los padres condenados por abusar sexualmente de sus hijos y que estos no se encuentran próximos a cumplir la mayoría de edad sigue manteniendo la patria potestad después de la condena, lo que les permite decidir sobre varios aspectos de sus vidas. Además, la inhabilitación para ejercer profesiones que conlleven el contacto con menores y que es obligatoria desde la reforma penal del 2015 no se aplica en un 74% de las sentencias condenatorias, lo que supone un claro “fallo” detectado por la investigación.
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