Entre Suiza y España rige el tratado de extradición y el país helvético ha dado muestras indudables de colaboración con las autoridades españolas en materia de evasión de capitales, blanqueo de dinero o incluso en materia penal. El Código Penal suizo no tipifica como delito la sedición ni la rebelión, pero en su artículo 265 castiga con penas de entre un año de cárcel y cadena perpetua los "delitos contra el Estado" o intentar "cambiar mediante la violencia la Constitución" o "separar mediante la violencia parte del territorio".
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