Cuando Manuela –de 33 años y madre de dos hijos en una zona rural de El Salvador– tuvo un aborto espontáneo en 2008, hizo lo que la mayoría de las mujeres habrían hecho, ir al hospital. Allí, la esposaron a la cama y fue acusada de haber abortado. La demandaron por homicidio agravado. Las autoridades argumentaron que era la culpable de matar a su bebé, pues este había sido concebido fuera del matrimonio.
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