La Sociedad Pública de Alquiler (SPA) que el Gobierno de Zapatero creó en mayo de 2005 incurrió "desde su constitución" en pérdidas, que a finales de 2012 superaban los 53,5 millones de euros, al tener un modelo de negocio "siempre ineficaz" y una gestión "negligente", según el Tribunal de Cuentas. Algunos contratos de la SPA contenían cláusulas que los hacían "antieconómicos", obligando por ejemplo al pago de una o dos mensualidades de renta al propietario en caso de desocupación o garantizando el pago del alquiler estuviera o no ocupado.
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