Vox se debilita en luchas internas y, en mitad de sus reproches e invectivas, una nueva polémica a la ministra de Igualdad Irene Montero, acusada de fomentar la pederastia por unas declaraciones en las que enfatizaba la necesidad de que los menores reciban educación sexual según se desprende de la nueva ley del aborto. Que la ministra, madre de tres hijos, fue víctima de la tergiversación interesada de sus palabras y jamás defendió ningún daño a la infancia, mucho menos incurrir en delitos de pederastia, lo puede comprobar cualquiera.

"Lo peor del debate del 8M es que hay un sector político y lamento decir que social que quiere una segunda vuelta de lo que representó la gran tragedia del 11M", explica. Y sin que los responsables de aquella teoría de la conspiración hayan hecho, hasta hoy, la menor autocrítica.

El rey le ha hecho el trabajito a Rajoy. Pero no estaba solo. Aquí está: el Partido Socialista Obrero Español dando su consentimiento al golpe de estado legalista que está dando el Partido Popular en Catalunya. Lo más bochornoso de los socialistas de Pedro Sánchez es que ni siquiera habrían tenido que hacerlo, que habrían podido lavarse unas manos que esperemos no acaben manchadas con lo peor. Pues el PP tiene mayoría absoluta en el Senado y no necesitaba de su apoyo para poner en marcha su maquinaria de fuerza.

¿Tiene algo que ver nuestra actual coyuntura con lo que ocurrió a finales de los años setenta? El caso de Los Verdes nos puede ofrecer algunas pistas provechosas. Tras un fuerte proceso de deslegitimación de la política institucional y altos niveles de movilización, algunos movimientos se decidieron durante los 70 a asaltar las instituciones, al menos en los niveles municipal y regional. Sin embargo, todos los blindajes programáticos y fuertes controles de transparencia no fueron capaces de evitar su deriva oportunista o "realista".

La norma también posibilita la creación de un banco de ADN. Está previsto que salga adelante sin el apoyo del PP ni de UPN. La norma establece también la figura de Lugar de la Memoria Histórica de Navarra, denominación con la que se podrán declarar sitios vinculados a hechos relevantes durante la Guerra Civil o la dictadura, como fosas comunes, centros de detención u obras públicas realizadas con el trabajo esclavo de presos republicanos.