“NSO no sólo vende el programa Pegasus a gobiernos”. Así de claro y contundente ha sido Shir Hever, especialista en comercio de armas y temas de seguridad en Israel, en la comparecencia que ha realizado hoy en la comisión del Parlament de Cataluña que investiga el uso de este software espía en el caso conocido como CatalanGate de supuesto espionaje de los dispositivos digitales de 65 independentistas. Esta afirmación es un misil en la línea argumental de los independentistas que acusan al gobierno español,

Este miércoles, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha adoptado un proyecto de resolución y de recomendación que insta a España a tomar medidas significativas para asegurar que las víctimas de espionaje mediante software como Pegasus reciban reparaciones adecuadas. Este llamamiento llega después de la revelación de algunos casos de espionaje relacionados con el independentismo catalán, en los cuales más de 60 personas fueron víctimas de espionaje ilegal. La resolución subraya la necesidad de que España realice investigaciones

¿Qué hacemos si las organizaciones a las que confiamos la vigilancia para evitar abusos por parte de quienes pueden tener acceso a nuestra información, trabajan para quienes supuestamente deberían estar controlando (como en este caso, para gigantes tecnológicos o grupos que amenazan la seguridad y estabilidad en un país)? ¿Cómo controlamos que estos supuestos guardianes de nuestros derechos que forman parte de la sociedad civil no están abusando el poder que les hemos confiado? La rendición de cuentas es fundamental.

Cuando el juez, Ignacio Carlos Sánchez, admitió la querella, rehusó extender la investigación a la empresa israelí. Argumentaba que no tenía jurisdicción para perseguir a una entidad extranjera y añadía que "crear un programa informático es independiente del uso que le pueda dar quien lo haya adquirido". En respuesta a un recurso del letrado, la Audiencia de Barcelona recuerda al magistrado que el principio de ubicuidad lo habilita para abrir todas las líneas de investigación, teniendo en cuenta que el espionaje ha pasado en el estado español.

Citizen Lab concluyó que los teléfonos móviles y dispositivos digitales de 65 personas partidarias de la independencia de Catalunya fueron atacados con el software Pegasus sin tener acceso directo a ninguno de ellos. Todas las conclusiones del CatalanGate se basa en las informaciones que le hicieron llegar Elies Campo, un activista independentista, y Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont. Todos los presuntos espiados se han negado a entregar sus teléfonos móviles a las autoridades judiciales para realizar pruebas periciales independientes.

El director de Citizen Lab, Ron Deibert, ha reconocido en un comunicado hecho público el 22 de diciembre que el informe Catalangate. Extensive Mercenary Spyware Operation against Catalans Using Pegasus and Candiru tiene al menos un error y que Toni Comín, el ahora eurodiputado de Junts, no forma parte de los 65 supuestos espiados con este software de la empresa israelí NSO Group que reflejan en su polémico trabajo. Según sus explicaciones, confundieron las iniciales T.C. (de Toni Comín) con las iniciales A.C. (de otro infectado con Pegasus).

Este 18 de octubre se cumple medio año desde que se hizo público el CatalanGate, el espionaje masivo con el software Pegasus que afectó a más de 60 cargos independentistas o personas de su entorno. Desde entonces, se han abierto comisiones de investigación en el Parlament de Catalunya así como en el Europeo, mientras que en el Congreso este asunto no se ha investigado, solo el espionaje que sufrieron los miembros del Gobierno, entre los cuales Pedro Sánchez.

La comisión del Parlamento Europeo encargada de investigar el espionaje con el programa Pegasus, ha reclamado por carta a la directora ejecutiva de la Europol que investigue las escuchas ilegales. Entre los objetivos hay periodistas, políticos, ONG y dirigentes políticos de España, Hungría, Polonia, Grecia y la Comisión Europea,". La misiva denuncia que las escuchas ilegales vulneran los valores como la democracia y suponen una "amenaza para la ciberseguridad de la Unión Europea".

La Europol desconocía que el software de espionaje Pegasus se estaba utilizando en la Unión Europea (UE) y lo supo gracias a las revelaciones de CitizenLab, que también hicieron público el escándalo del CatalanGate en el mes de abril. Así lo ha asegurado el subdirector ejecutivo de la Europol, Jean-Philippe Lecouffe, en su intervención en el comité de la Eurocámara que investiga el uso de Pegasus en la UE. Lecouffe ha confirmado que por ahora no han pedido a ningún país que investigue el espionaje con el software desarrollado por NSO (...)

Citizen Lab publicó el pasado 18 de abril un informe según el cual los teléfonos de 65 personas partidarias de la independencia de Catalunya habían sido espiados con los programas Pegasus y Candiru. Pese a que expertos en ciberseguridad, seis eurodiputados y más de un centenar de investigadores y profesores universitarios han pedido a Citizen Lab que dé a conocer los fundamentos técnicos de sus acusaciones, los responsables de este colectivo se han negado a ello sistemáticamente.

Jonathan Scott , el investigador doctoral que escribió un informe, titulado ' Destapando Citizen Lab: Desmintiendo el CatalanGate ', que ponía en duda el Catalangate y acusaba a Citizen Lab de mentir sobre la existencia del escándalo, ha sido expulsado de la universidad en la que estudiaba en Estados Unidos por haber infringido el código de conducta .

La difusión de informes críticos con el rigor científico del CatalanGate presentado por el laboratorio canadiense de tecnología y derechos humanos Citizen Lab ha comportado para sus autores –José Javier Olivas y Jonathan Scott– un alud de insultos en la red de Twitter e, incluso, el bloqueo del canal de Irina Tsukerman, que entrevistó a Scott en el canal de youtube de The Coalition Talk Radio.

La comisión Pegasus del Parlamento Europeo no investigará a España por espiar a líderes secesionistas. En realidad, es lógico, puesto que no hay pruebas de espionaje ilegal. La comisión Pegasus, en cambio, sí investigará a otros países: envió este lunes una misión a Israel, donde está la sede de NSO Group, la empresa fabricante del programa espía Pegasus. Después, la delegación comunitaria visitará Hungría, Polonia y los Estados Unidos.

Un informe señala que el «Catalangate» podría haber sido financiado con presuntos pagos indirectos a través de concursos públicos de compra de armas

ERC, JxCat y la CUP son conscientes del riesgo que supone que se debata públicamente cómo han montado la campaña del ‘CatalanGate’ y los puntos oscuros de su elaboración. El 10 de mayo, la Mesa del Parlament admitió a trámite la propuesta de resolución de ERC, JxCat, la CUP y En Comú Podem para crear una comisión de investigación del caso Pegasus sobre espionaje a independentistas catalanes. Han pasado tres semanas y ninguno de los cuatro grupos políticos que impulsaron esta comisión de investigación ha anunciado ni hecho ninguna propuesta

Todo apunta al hecho de que la misión en España no está entre las principales prioridades para populares y socialistas europeos. Este miércoles se ha celebrado una reunión de coordinadores de la comisión de Pegasus en el Parlamento Europeo en la cual se ha trabajado para diseñar la hoja de ruta a seguir, pendiente de ser ratificada en la reunión de la misma comisión en una reunión este martes en Bruselas.

“El señor Elies Campo nunca ha sido empleado por Telegram en ningún cargo, y mucho menos como jefe de nada. En 2016 realizó algún trabajo voluntario y se le concedió una dirección de correo electrónico temporal que después fue revocada. Nunca recibió compensación monetaria alguna de Telegram y nunca firmó ningún contrato con nosotros”. Así se ha expresado Remi Vaughn, portavoz de Telegram. Si comparece en la Comisión de Investigación del Parlament de Catalunya sobre este Catalangate del que es una pieza básica tendrá que aclarar si miente.

Se trata de pedir a la filial en Luxemburgo de NSO Group y a las diversas empresas vinculadas a la misma que identifiquen todas sus cuentas bancarias y copias de los extractos entre 2016 y 2022 con el objetivo de identificar “posibles pagadores españoles del 'spyware' Pegasus”. En otras palabras, hallar el dinero para seguir el rastro del espionaje.

Este teléfono fue fabricado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español, es un teléfono de alta seguridad, de donde no puedes poner ni sacar ninguna aplicación, tal como explica el especialista en ciberseguridad Fernando Rueda en RAC1. El teléfono de Pedro Sánchez está fabricado por los servicios de inteligencia y no se puede espiar externamente porque está fabricado expresamente para que no se pueda manipular con facilidad, así evitando toda infección informática. Un móvil aislado y aséptico de injerencias externas...

Quién está detrás de la opaca firma que desarrolla el programa espía usado contra Pedro Sánchez y Margarita Robles, cómo llega a los móviles, quiénes son los investigadores que lo rastrean y otras respuestas sobre Pegasus

¿Por qué lo anuncian ahora? Es una de las preguntas que hoy se hacen en Citizen Lab, el laboratorio que sacó a la luz el CatalanGate.

El laboratorio de la Universidad de Toronto se ha convertido en un cruzado contra abusos de actores privados y estatales de la alta tecnología

Son delitos recogidos en el código penal que, en caso de que este espionaje se haya realizado sin el consentimiento de las autoridades de Suiza, pueden acarrear penas de prisión. Esto ha hecho que esta semana el escándalo de espionaje haya estallado también en Suiza, donde la prensa ha exigido acciones judiciales urgentes. Una de las afectadas, Anna Gabriel, también presentará una denuncia a la fiscalía para que investigue si el espionaje del que ella ha sido víctima, como residente en Suiza, constituye uno de esos delitos contra el estado.